A través de dos proyectos de ley el Gobierno intentará endurecer las sanciones para quienes incurran en delitos de lavado de dinero

Posteado por BancosAlDia.com en fecha Noviembre 3, 2011
Ubicado en Jurídicas.

El oficialismo avanza a paso firme y pone la lupa en la regulación y control de los actores que juegan fuerte en el mercado financiero. Se busca agilizar el rol de la justicia en los llamados “delitos del poder” dado que el 85% de los juicios por corrupción terminan prescribiendo

Después de muchas idas y vueltas, finalmente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció el envío de dos proyectos de ley al Congreso destinado a “profundizar y fortalecer la estrategia nacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. Lo cierto es que el ministerio envió al Congreso por parte del Poder Ejecutivo un proyecto de ley modificatorio del Código Penal, que establece cambios sustanciales en el tipo penal sobre terrorismo y su financiamiento.

La necesidad de estas modificaciones se hace imperiosa por dos cuestiones básicas: en primer lugar el próximo 24 de octubre la Argentina deberá “rendir examen” y defender ante el GAFI el grado de cumplimiento que ha tenido con respecto a las sanciones aplicadas a quienes incurran en el delito de lavado; por otro lado es necesario atender la evidente crisis de la justicia penal -donde el 85% de los juicios por corrupción termina en prescripciones, los plazos de resolución son excesivamente prolongados y sólo el 5% de los casos ingresados llega a juicio; se trata entonces de factores determinantes que llevan a que el Gobierno ponga el pie en el acelerados para avanzar sobre los llamados delitos del poder.

En este contexto se presentó un proyecto de ley que penaliza la manipulación del mercado financiero; un decreto que crea el Programa Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo; y una resolución que establece procedimientos para la regulación, supervisión y sanción de las tareas de la Unidad de Información Financiera (UIF).

“El nuevo proyecto propicia sustituir los artículos 213 ter y 213 quater del Código Penal por un nuevo artículo 41 quinquies, que agrava las penas para los delitos cometidos con finalidad terrorista, y un nuevo artículo 306 que tipifica el delito de financiamiento del terrorismo, en forma más armónica con el contexto internacional, orientado en el sentido pretendido por el GAFI”, detalló a este diario el abogado Francisco J. D’Albora, socio del estudio homónimo.

El ministro Alak destacó que el lavado de dinero “como todo delito económico y organizado su investigación y sanción no es simple, sino todo lo contrario. Al delito complejo se debe responder con medidas y reformas complejas, en las que están involucradas numerosas agencias del estado. En Argentina el compromiso político en alcanzar los mejores mecanismos para dar respuesta a este tipo de delitos complejos es indiscutible y también ha sido fuertemente reconocido por los organismos internacionales, principalmente por el GAFI”.

Respecto a las nuevas iniciativas enviadas al Congreso, Alak sostuvo que son medidas que se enmarcan en “un camino que ha iniciado la presidenta en enero de 2010 que se basó en una profunda reorganización de todo el sistema de lucha contra el lavado de activos, que incluyó jerarquización de la Unidad de Información Financiera, y la promoción de todas las reformas normativas necesarias, para dotar de mejores instrumentos a la justicia y una correcta implementación de esta política de estado contra el crimen organizado” y augura que “el camino a recorrer, lleva a profundizar estas reformas y así lo indican los logros que estamos alcanzando en este sentido, ya que se están registrando las primeras condenas, la UIF se ha constituido en el organismo de cabecera que dirige todo el sistema anti lavado y las investigaciones, denuncias y procesos judiciales han recobrado su avance, dando concretas señales de que esos delitos de enorme afectación social y económica no quedan impunes en nuestro país”.

Así, todos los focos parecen estar puestos para que en el corto plazo se logren legislaciones que permitan a la justicia emprender un proceso de transformación que modificará las reglas del juego y los roles de los actores judiciales.

Al respecto, el presidente de la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Carlos Vega, explicó que se encuentran evaluando “un bloque de legalidad de tres leyes con estado parlamentario; se busca modificar la política criminal de la Argentina. Se debe incorporar el castigo a los delitos del poder político y económico que hoy en la Argentina es un punto ausente”.
Por su parte, el abogado especialista en derecho penal Marcelo Alfredo Riquert sostuvo que en este camino es necesario que “se realice una profunda discusión previa a la adopción de nuevas reformas o “parches” al Código Penal para evitar este fenómeno de sancionar una ley y a los pocos meses fomentar otra que corrija los defectos de la primera”.

INICIATIVAS. Los proyectos sobre los que la comisión ya se encontraba avanzando firmemente apuntan a una modificación del Código Penal, en el título referido a los llamados delitos contra la administración pública: cohecho, dadivas, soborno, delitos que hoy –según sostiene Vega- “tienen ridículas penas”. Asimismo, se introduce la figura del decomiso anticipado a las sentencias judiciales en los casos de corrupción, se incorpora la figura del arrepentido y se establece una pena máxima para los jueces que ejerzan actos de corrupción. Este paquete legislativo es acompañado por una reforma integral del Código Procesal Penal –está a análisis un proyecto presentado por el diputado kirchnerista Oscar Albrieu en 2010- donde, conforme lo señala el diputado, “se pasa de un sistema inquisitorial a un sistema acusatorio, donde los fiscales tienen una función y los jueces otra. Hoy los jueces investigan y juzgan. Se modifica entonces este rol confuso que no le da ninguna garantía al acusado”.

El diputado advirtió que en los próximos días la Comisión avanzará en el análisis de todos los proyectos –incluidos los nuevos enviados por el Ministerio de Justicia- aunque se manifestó en contra de las nuevas presentaciones dado que, según lo considera, “nuevamente el GAFI impulsa al Ejecutivo a legislar y reformar del Código, lo que no va a tener ninguna eficacia practica en la lucha contra el lavado, dado que en vez de endurecer penas es necesario atacar las matrices de blanqueo en el mercado: corrupción, narcotráfico y terrorismo”.

El legislador avanza sobre el rol que debe desarrollar el arco judicial en este punto dado que –según entiende-“la justicia argentina es y siempre ha sido débil con los delitos del poder y asimismo carece de herramientas legales. Se debe modificar el rol confundido que tienen hoy los jueces y los fiscales que no le da ninguna garantía al acusado”, buscando pasar de en un “sistema inquisitorial a un sistema acusatorio, donde los fiscales tienen una función y los jueces otra, dado que hoy los magistrados acusan y juzgan”.

Así es que más allá de lograr el establecimiento de nuevas normas que le permitan al país cumplir con las exigencias del GAFI en materia de lavado de activos, también se pone el foco en el funcionamiento del sistema judicial, donde se busca una modificación en los procedimientos de investigación de los llamados delitos complejos o “del poder”; según explica Vega: “Se trabaja sobre los plazos y las sanciones que aplican los jueces, para evitar lo que hoy sucede en la Argentina donde un juicio por corrupción dura un promedio de 14 años y tiene un 4% de índice de condenas. Así, el 85% de los juicios por corrupción termina en prescripciones liberatorias”.

LA NUEVA JUGADA DEL EJECUTIVO. A fin de dar cumplimiento a las convenciones internacionales incorporadas por nuestro país, como por ejemplo la Convención Internacional para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo, se avanzó sobre una iniciativa que prevé la creación de “un agravante específico de las penas en la parte general del Código Penal”, indicaron desde el Ministerio.

En este sentido, la cartera de Justicia detalló que las medidas propuestas incluyen “a todos los delitos que se cometan con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional, a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

La nueva tipificación del delito de terrorismo mejora y amplía la normativa legal argentina sin afectar los derechos humanos y excluye expresamente que puedan ser considerados actos terroristas las acciones realizadas en el marco del ejercicio de un derecho constitucional, como la protesta social.

Asimismo, se crea un nuevo tipo penal de “financiamiento del terrorismo”, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión, para “el que recolectase o proveyese fondos para la comisión de los delitos”. Hasta la actualidad, el delito de terrorismo sólo se configuraba ante la existencia de una asociación ilícita terrorista, que además de los requisitos que debía cumplir como toda asociación ilícita, exigía que esté organizada en redes internacionales.

Sobre el agravamiento de las penas, Riquert sostiene que “se trata de una previsión que, a primera vista, no pareciera urgente o necesaria. El incremento de pena propuesto sería una nueva apelación a la prevención general negativa como criterio rector de la finalidad de la pena: el efecto intimidante o coaccionante de penas severas, conocidamente ineficaz, si funcionara, amenazaríamos cualquier conducta disvaliosa con la pena máxima y dejarían de existir los delitos”.

“Se propone incrementar al doble del mínimo y el máximo la escala del delito cometido con finalidad terrorista. Hoy día, el sólo hecho de asociarse para cometer delitos con finalidad terrorista tiene pena de 5 a 20 años de prisión (art. 213 ter del CP). Si se concreta alguno de los delitos para los que se asoció, habrá un concurso real que llevará a unir la pena del delito asociativo con la pena de los delitos realizados cumpliendo el fin asociativo”, analiza el especialista.

En cuanto a los delitos vinculados a la manipulación del mercado, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli advirtió públicamente que “se incorporan al Código Penal una serie de delitos financieros que hoy son infracciones administrativas, bajo el control de la CNV”. El funcionario explicó que “la nueva normativa incluye la tipificación del delito de abuso de información privilegiada, la manipulación de valores negociables, la captación clandestina y fraudulenta de ahorros públicos y el cohecho financiero”.

En este contexto, se avanzará en la creación de un Programa Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, que tiene por misión principal la elaboración, monitoreo, evaluación y diagnóstico de los planes de implementación de las reformas legales impulsadas en la materia. Asimismo, se procederá a la reglamentación de un sistema de regulación, supervisión y sanción que complementa las directivas e instrucciones emitidas por la Unidad de Información Financiera, para mejorar las acciones de esa organización de control.

Sabrina Santopinto
Artículo publicado en el suplemento de justicia del diario BAE

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