De todas formas, para evaluar la situación fiscal, además de la recaudación, hay que observar en paralelo el comportamiento del gasto público, en especial su desenvolvimiento en el contexto económico vigente. En este sentido, entre los años 2003 y 2011 la actividad económica creció a una tasa promedio anual de aproximadamente 9%, con excepción del año 2009 que registró una variación de sólo 0,9% según las estadísticas oficiales.

En este mismo período, la recaudación y el gasto del sector público nacional, según datos de la AFIP y la Secretaría de Hacienda, mostraron las siguientes tasas de crecimiento:

• Entre los años 2003 y 2008, en términos reales (es decir, corregidos por inflación) la recaudación creció un 14,7% por año y el gasto público un 12,6% por año.
• En el año 2009, con estancamiento económico, la recaudación cayó en términos reales un -6,2% mientras que el gasto público siguió creciendo al 11,0% anual.
• Entre los años 2010 y 2011, la recaudación aumentó en términos reales a un ritmo del 7,3% anual y el gasto público al 7,6% anual.

Los datos oficiales ponen en evidencia la alta sensibilidad de la recaudación frente a la evolución de la actividad económica. Un testimonio muy ilustrativo es que la recaudación impositiva tuvo una fuerte caída en términos reales con la desaceleración de la actividad económica del año 2009. El gasto público, en cambio, por inercias y por decisión de política siguió creciendo a un ritmo muy superior a la inflación. La otra evidencia importante es que, en los últimos años, la recaudación está creciendo a ritmo inferiores al crecimiento de la producción. Esto sugiere inconvenientes para seguir expandiendo el gasto público con mayor presión impositiva. Las familias y las empresas estarían manifestando no estar en condiciones de seguir asignando una creciente porción de sus ingresos a financiar el Estado.

Parecería que ni en un escenario optimista para el año 2012 –que sería un crecimiento de la actividad económica similar al del año pasado– la restricción fiscal se atenúa. La recaudación crecerá, pero por debajo de la expansión económica. Esto alcanza para dar pie al clásico anuncio de que se bate un “nuevo récord” en recaudación, pero resulta insuficiente para financiar el creciente gasto público.

El gobierno nacional está dando señales de reacción a partir de una correcta lectura de estas tendencias: independientemente del escenario de crecimiento económico para el año 2012, es imprescindible desacelerar el crecimiento del gasto público. Pero, hasta ahora, las acciones se toman tardíamente y con deficiencias, tanto en las magnitudes como en la calidad de los instrumentos que se aplican.

El eje central para reducir el crecimiento del gasto público es desmantelar los subsidios. Consistente con ello, se hacen esfuerzos y sonoros anuncios por la disminución de los subsidios de agua, electricidad y gas en algunos bolsones de alta riqueza. Si bien es conceptualmente correcto (nunca se debió usar fondos públicos para subsidiar a familias de altos ingresos), la instrumentación delata mucha improvisación e inequidades.

Por un lado, se pide y se imponen esfuerzos a las familias para pagar más impuestos y cubrir íntegramente los costos de los servicios públicos, y a las provincias para seguir sacrificando fondos coparticipables a favor de la Nación. Pero, por otro, aparece la irritante contradicción de que en empresas públicas deficitarias como ENARSA, Aerolíneas Argentinas, Río Turbio, entre otras, se siguen dilapidando fondos públicos. Esto lleva a enfatizar que no sólo se debe imprimir mayor celeridad al manejo austero del gasto público sino también contemplar mayor transparencia, racionalidad y equidad al proceso.

El Gobierno nacional volvió a explicitar su intención de reducir los subsidios a empresas públicas y privadas. A diferencia de los anuncios anteriores –en los que se estipuló la eliminación coercitiva de los subsidios para determinados usuarios– en esta oportunidad se apeló a un mecanismo voluntario cuya eficacia depende de la “responsabilidad solidaria” de la población. En concreto, se abrió un registro para que la gente renuncie a los subsidios. Para promocionar el registro se dio difusión a la renuncia de la Presidenta, funcionarios y personas de reconocimiento público, y es probable que a futuro se acompañe con diferentes modalidades de “escraches” a quienes no renuncien.

Mientras tanto, según datos de la Secretaría de Hacienda, el sector público nacional pasó de un superávit fiscal equivalente al 1,7% del PBI entre los años 2004 y 2008, a un déficit promedio del -0,3% del PBI en el período 2009 a 2011. Esta degradación financiera se produjo aun cuando se elevó la presión tributaria a niveles récord y se apeló a instrumentos de alto contenido confiscatorio. Por ejemplo:
• Con la negación de la movilidad previsional a los haberes superiores al mínimo y la vuelta al sistema de reparto, el sector público nacional obtiene 0,6% del PBI.

• Con las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, formado por los ahorros previsionales confiscados, el sector público nacional obtiene otro 0,6% del PBI.

• Con la rentabilidad de las reservas del Banco Central, que son elevadas gracias a la alta inflación, el sector público nacional obtiene otro 1,2% del PBI.

Los datos oficiales muestran que con estas confiscaciones entre la ANSES y el Banco Central financian al sector público con 2,4% del PBI lo que representa un promedio del 8% de los ingresos públicos, y aun así la situación fiscal sigue siendo deficitaria. Esto pone al descubierto una gestión pública poco responsable donde posiblemente el factor más perverso son los subsidios.

Por eso, desactivar los subsidios es tan urgente como necesario. Pero, al igual que en las políticas anteriores, la eliminación de los subsidios impone apropiaciones. La gran diferencia en esta ocasión es que la apropiación se hace explícita a través de un ajuste de tarifas que repercute de manera directa en las familias. Seguramente por eso se gestó la idea de apelar a la voluntariedad, de manera que no sea el gobierno sino la gente la que se auto-infrinja el ajuste en sus facturas de electricidad, gas y agua.

Se trata de otra manifestación de improvisación y falta de profesionalismo. Sin responsabilidad política para sincerar los costos de los servicios públicos, ni la idoneidad técnica para implementar tarifas sociales, se apela al voluntarismo mediático. En la misma lógica se podría establecer que para resolver los déficits de Aerolíneas Argentinas se fije una tarifa cara y otra barata en los pasajes y con publicidad inducir a los pasajeros a que, en un acto de alta responsabilidad cívica, elijan la más cara. O colocar un registro público para que la gente de altos ingresos que accedió a una jubilación con las moratorias sin haber hecho aportes, recapacite y renuncie a la prestación.

Es responsabilidad del Estado velar para que las empresas públicas y privadas de servicios públicos otorguen la mejor calidad del servicio al menor costo posible, y que la población pague por el costo del servicio. En paralelo, en base a cruces de bases de datos y trabajo de campo de asistentes sociales, identifique a las familias de menores recursos que necesitan un subsidio para atenuar el mayor costo.

El problema de fondo es que en la verborragia del populismo, el Estado ha ganado en tamaño pero perdido en calidad. Ejemplos contundentes son la destrucción de los entes de control de los servicios públicos y del INDEC. En la misma línea, luego de 10 años de haber dilapidado recursos fiscales subsidiando a la población de ingresos medios y altos, cuando decide cortar con el subsidio no es capaz ni siquiera de montar un mecanismo de tarifa social. El registro voluntario explicita la ausencia de un Estado capaz donde se llega al extremo de dejar la administración de los fondos públicos librada a la “ética” de la población.

En Argentina, el estudio estuvo dirigido a los principales ejecutivos de las compañías –54,1% de firmas multinacionales y 45,9% nacionales-. “Esta investigación ofrece una visión de los principales indicadores de macroeconomía, lo que brinda un panorama del próximo año desde el punto de vista de las compañías. En el país, el perfil de los encuestados fue el 59% Directores, 16,4% Gerentes Ejecutivos, 11,5% CEOs, 9,8% Gerentes, y el 3,3% restante corresponde a otros cargos jerárquicos”, señaló Daniel Iriarte, Director de Michael Page International Argentina.

Según el informe, el 52,8% de las empresas en Argentina asegura que el volumen de inversiones de su empresa programadas para el 2012 será mayor al del 2011, el 24,5% se mantendrá igual y únicamente un 22,6% estima invertir menos que el año pasado.

Estas inversiones estarán enfocadas para el 49,1% de las empresas a mejorar la infraestructura técnica y la adquisición de sistemas, el 34% piensa expandir geográficamente su distribución, el 30,2% aumentará la producción de unidades fabriles existentes, el 11,3% construirá unidades fabriles y el 17% restante tendrá diferentes direcciones.

En cuanto al personal, según el informe, el 56,6 % de las empresas en Argentina planean aumentar su personal para cubrir las demandas del mercado, enfocándose principalmente en las áreas de Ventas, Operaciones, Logística, Marketing y Tecnología.

“En términos generales, el país presenta un horizonte favorable ya que más de la mitad de las empresas encuestadas aumentará su volumen de inversión. Asimismo, observamos que el 56,6% de las compañías posee planes de aumentar el organigrama de empleados para 2012, donde se destacan principalmente las posiciones de ventas y operaciones”, finalizó Iriarte.

Comportamiento de los indicadores macroeconómicos de cara al 2012

Durante la encuesta, también se consultó a los ejecutivos locales cómo pronostican el comportamiento de determinados indicadores macroeconómicos claves para el buen desarrollo del negocio durante el próximo año. Los resultados fueron los siguientes:

En lo que refiere a la inflación en comparación a 2011, para el 39,6% de los consultados se debe mantener el mismo nivel, sin embargo para el 32,1% disminuirá, y el 28,3% cree que aumentará. Asimismo, con respecto a la cotización del dólar, el 84,9% de los ejecutivos sostiene que aumentará el tipo de cambio, contra el 15,1% que opinó que se mantendrá estable.

El Gobierno nacional anunció la decisión de comenzar a reducir los subsidios a empresas. Los subsidios se montaron en el 2002 con el objetivo de amenguar el proceso inflacionario desatado por la megadevaluación. Luego de casi una década, su demanda de recursos fiscales es desenfrenada. En paralelo, tienen asociados incentivos muy perversos ya que usar fondos públicos para compensar precios fijados a niveles que no cubren los costos exacerba el consumo, desalienta la producción de ese servicio, favorece la corrupción, induce a ineficiencias y hace regresiva la distribución personal y geográfica del ingreso.

En el año 2011 se proyecta gastar unos $76 mil millones en subsidios, aproximadamente un 60% más que el año pasado. Implican alrededor de 4% del PBI. Es decir, una cantidad mayor a lo que los tres niveles de gobierno (Nación, provincias y municipio) asignan al sistema de hospitales públicos (3% del PBI) o similar a lo que los tres niveles de gobierno asignan a educación primaria y secundaria en todo el país (4% del PBI).

La pertinencia de desarticular los subsidios es incuestionable. Pero es fundamental que se aplique en un marco de correspondencia con el esfuerzo que las familias tendrán que afrontar. En este sentido, hay empresas públicas que no cumplen ningún rol estratégico y reciben cuantiosos subsidios. Por ejemplo, los datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) señalan que entre lo que va de enero a setiembre del año 2011:

• Yacimiento Carboníferos de Río Turbio recibió $570 millones.

• Aerolíneas Argentinas recibió $1.950 millones.

• ENARSA, la petrolera estatal, recibió $7.100 millones.

Sólo en estas tres empresas se consumieron cerca de $10 mil millones en los primeros 9 meses del año y se proyecta que consumirán cerca de $15 mil millones en el año. Este valor es equivalente a una vez y media el costo de la Asignación Universal por Hijo. Eliminando los subsidios a estas tres empresas, el Gobierno podría cuadriplicar el impacto de las medidas tomadas hasta ahora (cuyo ahorro por reducción de los subsidios se estima en $4 mil millones) sin producir impactos negativos en el bolsillo de la población, ni en la capacidad de desarrollo del país.

La producción de carbón en Argentina es minúscula, además de tratarse de una fuente de energía en desuso con altos impactos contaminantes. La exploración de petróleo es una actividad rentable con contratos de riesgo con el sector privado, por eso no tiene ningún sentido consumir recursos públicos para subsidiar una actividad que con un adecuado marco regulatorio podría ser financiada con inversiones privadas.

Pero el máximo sinsentido se da con la aerolínea estatal. Es una empresa cuyo rol fácilmente podría ser cumplido por el sector privado. Prueba de ello es que Aerolíneas Argentinas vuela a 25 localidades en superposición con otras empresas. Si bien hay 8 localidades donde sólo llega la aerolínea estatal, hay otras 5 localidades sólo cubiertas por otras aerolíneas. O sea, con subsidios pequeños y focalizados se puede tener mejor cobertura de transporte aéreo que en la actualidad. Pero, lo más importante, es que se evitaría la situación caótica del sistema de transporte aéreo derivada de la falta de profesionalismo en la gestión de la empresa estatal. Eliminar los subsidios a Aerolíneas Argentinas es imprescindible para dar legitimidad al esfuerzo que se le pide a la población en la eliminación de los otros subsidios y también para mejorar la calidad del servicio de transporte en el interior del país.

Conceptualmente, los subsidios constituyen un instrumento para paliar derivaciones económicas y sociales no deseables del funcionamiento de los mercados. Para cumplir con éxito estas funciones se requiere mucha claridad en la definición de los objetivos y elevada capacidad de gestión y control. De lo contrario, como está ocurriendo en la Argentina, se construye una fuente de corrupción e ineficiencias.

Desarticular la compleja, perversa y anárquica madeja de subsidios requiere elevadas y sofisticadas capacidades institucionales y de gestión. La idea de aplicar ajustes en las tarifas de electricidad, gas y agua, con tratamiento especial para las familias de más bajos ingresos, va en el sentido correcto. Sin embargo, en paralelo es fundamental eliminar el drenaje de fondos públicos hacia empresas públicas que además de promover ineficiencias y corrupción ponen severas trabas al desarrollo nacional.

Fuente: IDESA

En el primer caso subió 14,6% en un año y 7,5% en el segundo. Estas variaciones, que no necesariamente responden a cambios en los precios del metro cuadrado, significaron retomar una brecha negativa respecto de las variaciones que el Indec detectó en el promedio de los salarios de la economía en su conjunto y en el costo de construcción de viviendas en propiedad horizontal.

“El monto medio de las transacciones representó ahora el equivalente a 90,6 salarios promedio de la economía, constituyendo una de las relaciones más favorables de los últimos siete años para la población trabajadora en el mercado formal para acceder al objetivo de la vivienda propia”, explica el informe mensual de los notarios de la Ciudad.

Respecto de agosto también se verificó una leve aceleración de la tasa de aumento del total de las transacciones registrada en el período previo, a 5,1%, y corregido por estacionalidad determinó una leve suba de 1,6%, por segundo mes consecutivo. Se ubicó en el equivalente a 278 actos por día hábil, y alcanzó el nivel más alto desde diciembre de 2010.

De este modo, el mercado parece encaminado a repetir el desempeño que mostró en 2007, esto es con apreciables altibajos, propios tanto de las expectativas que genera un año electoral, como del agregado de señales de incertidumbre provenientes del mercado internacional que se reflejaron en el subibaja de las tasas de interés.

Demanda sostenida

“Volvió a advertirse una alta propensión de las familias por aspirar a la vivienda propia a partir de la clara mejora del promedio de las remuneraciones en términos de metro cuadrado de construcción y también del valor medio de las transacciones, junto a la opción indiscutida como refugio de valor que eligen no sólo gran parte de los denominados inversores conservadores, tanto locales como del exterior, sino también las familias residentes en el país”, explica el informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad.

Ese fenómeno se visualiza con nitidez cuando se analiza el cambio en la estructura del mercado, ya que van adquiriendo creciente preponderancia las unidades de más del equivalente a 100.000 dólares.

Entre enero y septiembre de 2011 se concretaron 45.968 actos escriturales, por un monto global de $19.057 millones. En el primer caso se trató del nivel más alto desde 2008, mientras que en el segundo marcó un récord en términos nominales.

Incluso, en el equivalente en dólares superó en 11,1% a la marca máxima que para los primeros nueve meses se anotó en 1998, al ascender a u$s4.661 millones. Este último fenómeno luce consistente con el auge que en los últimos 13 años se verificó en los desarrollos inmobiliarios del tipo premium, en varios puntos de la Ciudad, el cual no se ha detenido.

Fuente: Infobae

El deseo de la población por adquirir dólares persevera, a pesar de los múltiples esfuerzos que realiza el Gobierno por obstaculizar administrativamente su compra. Las acciones que toman las autoridades, más persecutorias que persuasivas, no logran el objetivo de desalentar la demanda de divisas extranjeras. Por el contrario, diariamente se producen incrementos pequeños, pero sostenidos, en el valor del dólar, pérdidas de reservas en el Banco Central y fuga de depósitos en el sistema financiero. A medida que la tendencia al alza del dólar se afirma, la demanda de dólares se retroalimenta.

La creciente compra de dólares puede tener diferentes tipos de motivaciones. Una de ellas es que sea una reacción frente a desequilibrios macroeconómicos. Una situación concreta es que cuando no hay un factor estructural que haga sostenible el crecimiento de precios y salarios por encima de la cotización dólar, como sería aumentos de la productividad, aparecen expectativas de futuras devaluaciones y consecuentemente incentivos a atesorar moneda extranjera como forma de proteger los ahorros.

El proceso de encarecimiento de precios y salarios medidos en dólares comienza en el 2002 pero se agudiza en el 2007. Según datos oficiales de inflación de 8 provincias y el Ministerio de Economía, se observa entre los años 2007 y 2011 el siguiente fenómeno:

• Los precios de los bienes y servicios de la economía medidos con el índice de 8 provincias argentinas vienen creciendo a una tasa de casi 20% por año.
• Los salarios nominales del sector privado formal vienen creciendo a una tasa de casi 27% por año.
• Mientras tanto, el valor del dólar apenas crece 8,4% por año.

Estos datos, extraídos todos de fuentes oficiales, señalan con claridad el intenso proceso de elevación de los ingresos de la población y precios internos en términos de dólares. Esto ha llevado a que en el año 2011 los salarios formales medidos en dólares y corregidos por inflación de EEUU sean superiores a los vigentes durante la convertibilidad.

Altos precios internos y altos salarios en dólares, sin un sustento en aumentos equivalentes en la productividad, pueden sostenerse con flujos crecientes de entrada de dólares. Esto ocurre fundamentalmente de la mano de las exportaciones del complejo sojero y las ventas de productos industriales a Brasil. Sin embargo, la persistencia de la apreciación cambiaria (es decir, precios y salarios que crecen a tasas superiores a la devaluación) han ido erosionando también estas fuentes de divisas con riesgo de agotarlas.

La voracidad de la población por comprar dólares manifiesta la percepción de que los vertiginosos aumentos en la actividad económica, el empleo y los salarios empujados por la alta inflación y un dólar “planchado” no son sustentables. La percepción tiene un fundamento objetivo ya que los incrementos sostenidos de precios y salarios muy por encima del valor del dólar fueron socavando la competividad de la producción argentina. Un proceso de este tipo lleva fatalmente a que, en algún momento, la gente empieza a percibir que es oportuno proteger sus ahorros a través de su conversión a dólares.

Así, se explicitan las consecuencias de la baja calidad de las políticas económicas que se han venido y se manifiesta la intención de seguir aplicando. En lugar de apelar a un manejo prudente y racional de las finanzas públicas y generar incentivos a la inversión productiva, se optó por el despilfarro fiscal y el intento de esconder la inflación a través de la intervención del INDEC, controles de precios y persecución a las consultoras privadas. Estos métodos fracasaron, como fracasará el intento de amedrentar a la población para que no compre dólares.

Lamentablemente se usa como argumento para justificar una estrategia con fracaso asegurado un objetivo loable, como es combatir la economía informal. Tampoco es solución permitir la aceleración de la devaluación del peso, ya que esto será agregar combustible al vertiginoso proceso inflacionario. Por eso, es urgente dejar de dilapidar esfuerzos  atacando a los que compran dólares y comenzar a atacar la raíz del problema, que es la inflación, eliminado el despilfarro de gasto público y generando incentivos para que aumente la inversión productiva.

Aumentos de precios, salarios y dólar

Fuente: IDESA

“El monto colocado en octubre totalizó alrededor de $650 millones, menos de la mitad que el registrado el mes pasado”, agrega el informe mensual.

Los activos securitizados estuvieron conformados fundamentalmente por préstamos vinculados al consumo (préstamos personales y cupones de tarjetas de crédito) y registraron bajas homogéneas para los distintos tipos de fiduciantes.

“Las entidades financieras emitieron en octubre alrededor de $260 millones, 58% menos que en septiembre, mientras que los comercios minoristas colocaron alrededor de $240 millones, 48% menos que el mes anterior, y las mutuales, cooperativas, emisoras no bancarias de tarjetas de crédito y otras prestadoras de servicios financieros colocaron alrededor de $120 millones, 54% menos que en septiembre”, agregan los técnicos del Banco Central.

El resto correspondió a una colocación de una empresa del sector agropecuario, que titulizó créditos comerciales en moneda extranjera.

Mayor costo del dinero

Las tasas de interés de corte de los títulos senior en pesos evidenciaron en octubre un aumento significativo, en línea con la suba de las tasas de interés del mercado monetario.

“La tasa de corte (promedio ponderado por monto) de los títulos adjudicados a tasa variable se incrementó 6,2 puntos porcentuales respecto al mes pasado, alcanzando a 21,9% anual. En la misma dirección, la correspondiente a los títulos con rendimiento fijo (modalidad bajo la cual se registró una única operación) se ubicó en 21%, 5,6 p.p. más que en septiembre”, explicó el ente monetario.

El valor nominal de los FF con oferta pública vigentes a septiembre de 2011 se ubicó en $32.870 millones, valor similar al de los meses previos.

Tal como viene sucediendo desde el segundo trimestre del año, alrededor del 70% de las especies en circulación corresponden a FF vinculados a la financiación de obras de infraestructura, mientras que el stock en circulación de FF que tienen como activo subyacente a préstamos al consumo representa el 20% del total.

• El total de depósitos privados presentó un aumento de 2,3%, impulsado tanto por las colocaciones a la vista (2,1%) como por las imposiciones a plazo fijo (3,4%). Respecto a estas últimas, una vez concluido el período de elevada demanda de liquidez, registraron una tasa de crecimiento mensual por encima de la observada en octubre y noviembre de 2010. En particular, los depósitos a plazo fijo pertenecientes al tramo mayorista (colocaciones de más de $1 millón) presentaron una suba de 3,7%, mientras que los correspondientes al estrato minorista (colocaciones de menos de $1 millón) aumentaron 3,1%.

• En el segundo mes del cómputo trimestral de la posición de Efectivo Mínimo, las entidades financieras modificaron la composición de su liquidez en pesos. En particular, los activos que se computan como integración del régimen de Efectivo Mínimo (efectivo y cuentas corrientes en el Banco Central) representaron en enero el 16,1% de los depósitos totales en pesos, ratio 0,3 p.p. menor al del mes anterior. A su vez, la tenencia de LEBAC y NOBAC de las entidades se redujo por el equivalente a 0,3 p.p. de los depósitos, mientras que su posición de pases con el BCRA aumentó 0,7 p.p.. Así el ratio de liquidez amplio (definido como la suma del efectivo en bancos, la cuenta corriente de las entidades en el BCRA, los pases con el BCRA y las tenencias de LEBAC y NOBAC en términos de los depósitos totales en pesos), fue de 40,7%, 0,1 p.p. superior al de diciembre.

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Pero ya comenzó un nuevo año. Para el mismo las variables a tener presente que pueden empujar, o bien opacar el desempeño del mercado en los próximos meses, son varias desde ambos frentes. Y hasta se suma un elemento político de peso a nivel local que son lógicamente las elecciones presidenciales de octubre, que como sucede generalmente no podrá evitar crear ciertos ruidos.

En principio, todo apunta a que el 2011 también reportará un balance positivo sobre su cierre, pero más que probablemente con una rentabilidad menor a la observada en el año que pasó. Incluso entendiendo que se estará más que seguro, expuesto a una mayor volatilidad, y la necesidad de una mayor selectividad en las posiciones.

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Tras el default de 2001 y la reestructuración de deuda de 2005, el riesgo país de la Argentina fue bajando paulatinamente hasta alcanzar niveles mínimos a principios de 2007. La caída obedeció a la mejora de los fundamentals locales –superávit en las cuentas fiscales y externas-, a un contexto externo muy benévolo para los mercados emergentes y a un perfil de vencimientos más despejado luego del default. Pero desde enero de 2007, el riesgo político fue in crescendo. La manipulación de las cifras del INDEC, el conflicto con el campo y la demora en negociar con los holdouts y el Club de París la deuda todavía en default le cerraron a Argentina las puertas de los mercados.
Es así como Argentina que en el 2007 tenía un riesgo similar al de Brasil fue perdiendo posiciones, y hoy se encuentra junto con Ecuador y Venezuela dentro de los países más riesgosos de la región.
Y aunque -aún con una macro que se ha deteriorado- nada apunta a un default en el corto plazo, hay varios temas que obligan a que siga primando la cautela. Hay una cuestión, de hecho, de reputación.